sábado, 16 de junio de 2012

La soberbia 'petrolucionaria' en Bogotá II


Según se supo hace dos días a través de Eduardo Noriega, secretario general de la alcaldía bogotana, la administración tiene lista la resolución de revocación del contrato firmado con la Corporación Taurina de Bogotá, apoyándose en que con ello se limita a cumplir lo dispuesto tanto en plan de desarrollo como en la sentencia constitucional C-666 de 2010. Para analizar esa sustentación, vayamos a los documentos.
El plan de desarrollo de la administración Petro (www.bogota.gov.co) plantea en el artículo 14 del Eje Uno del Capítulo II: “Este programa promueve una idea de culturas en plural, en movimiento, ligadas a lo intercultural y a la diversidad y que no silencian los debates culturales o dirigen los comportamientos. Se trata de apoyar diversas prácticas culturales que se mezclan, dialogan y debaten” (p. 39). (El subrayado es mío.)

La decisión unilateral de la alcaldía sobre el uso de la plaza de toros contradice lo antes citado. Silencia el debate cultural y pretende dirigir los comportamientos de un grupo minoritario de ciudadanos que entienden las corridas de toros como una parte sustancial de su personalidad. Esa decisión autoritaria descalifica una práctica cultural específica como la tauromaquia, definida así por la sentencia C-666 de 2010 de la Corte Constitucional. La elimina del espectro cultural y degrada a sus ejecutores y aficionados, convirtiéndolos en ciudadanos de segunda categoría, mudos en tanto moralmente desviados.
Acto seguido (ps. 39-40), el documento formula un proyecto (“Arte, cultura y patrimonio en la transformación”) que servirá para la concreción del programa citado. Se trata de “Fortalecer las capacidades […] para el despliegue y acceso a las expresiones y prácticas artísticas, culturales y patrimoniales, mediante la oferta de oportunidades en condiciones de equidad, inclusión y no segregación, para la ampliación de las libertades de todas y todos”. (El subrayado es mío.)
Me fascina eso de “las libertades de todas y todos” porque es un gesto lingüístico de inclusión. Pero, más allá de ello, insisto en que la decisión de la alcaldía del señor Petro sobre la plaza de toros contradice su plan de desarrollo, pues impide el despliegue de y el acceso a una práctica cultural fuertemente arraigada en la ciudad y segrega de un plumazo a sus representantes y aficionados, independientemente de que seamos una minoría. 
Como lo advirtió Nicolás Buenaventura en su libro ¿Qué pasó, camarada? (1992), el colapso del experimento comunista en la Unión Soviética y Europa oriental se debió, entre otras cosas, al hecho de negarse a reconocer a las minorías, en ese caso políticas; en otras palabras, a desaparecerlas de la realidad mediante un decreto o una resolución.
Finalmente, en el artículo 31 (“Programa Bogotá Humana ambientalmente saludable”), cuyo enunciado completo omito para no cansar a los lectores, pero que debería consultarlo quien desee saborear una prosa precisa y clara como pocas, se lee: “Eliminar toda forma de exhibición de animales en espectáculos circenses, convirtiendo esta actividad en la profesionalización del talento humano; hacer exigible el cumplimiento de las condiciones definidas en la sentencia C-666 de 2010, […]” (pg. 87). (El subrayado es mío.)
Volvemos entonces a la sentencia de la Corte Constitucional C-666 de 2010, cuya resolución declara “exequible la continuación de expresiones culturales y de entretenimiento con animales, siempre y cuando se eliminen o morigeren en el futuro las conductas especialmente crueles contra ellos en un proceso de adecuación entre expresiones culturales y deberes de protección a la fauna” (p. 93). (El subrayado es mío.) 
Haciendo a un lado un problema nuclear, esto es, la definición de crueldad (y de tortura, utilizado en las declaraciones de la administración local para defender su decisión), sé que los representantes de la cultura taurómaca colombiana están dispuestos a acatar la sentencia constitucional, lo que debe conducir a la modificación de la ley 916 de 2004 (“Reglamento Nacional Taurino”). Un indicador de ello es la propuesta de la Corporación Taurina de Bogotá de reducir a dos los intentos de entrar a matar, con el fin de minimizar un momento ciertamente desagradable para los espectadores y degradante para el toro.
La decisión de la alcaldía del señor Petro desconoce abiertamente la intención de la Corte Constitucional de propiciar un “proceso de adecuación entre las expresiones culturales y [los] deberes de protección a la fauna”. Esta alcaldía no está interesada en ese proceso. No quiere la discusión ni la concertación, sino la imposición de su criterio en tanto único válido, desde el punto de vista moral. Para ello acude a estrategias demagógicas que, en el contexto de las corridas de toros, le resultan favorables, pues hay pocos ámbitos en los que la opinión pública es más ignorante y al mismo tiempo más prejuiciosa y taxativa.
Entonces, ¿qué hay detrás de la decisión de Petro? De seguro no es la defensa de los animales, pues si así fuera dictaría medidas drásticas en relación con el manejo de bovinos y porcinos en su proceso de sacrificio, por mencionar solamente un caso.
En mi opinión, obviamente interesada en el tema, la decisión del alcalde Petro es un acto de soberbia revanchista y seudorrevolucionaria, fundada en el juicio (apenas parcialmente válido) de que la tauromaquia es una actividad elitista. 
Se trata de una “lucha de clases simbólica” para pisarle un callo doloroso a un sector de la ciudadanía que él y sus áulicos reúnen en el corral del estrato seis bogotano. Para eso, se disfraza de adalid de la causa animalista y, de paso, le apuesta al aumento de sus índices de popularidad, exacerbando una discusión ciudadana que está plagada de prejuicios ignorantes. Para la muestra, un botón: en una nota emitida hoy por Caracol Radio desde Calarcá, Quindío, se cubría el hecho de que un centenar de ciudadanos protestaban por la realización de una corrida de toros en esa población el próximo 24 de junio. Al ser entrevistada, una ciudadana manifestó su indignación diciendo algo así como: “¡Qué dolor tan grande el del toro que le cortan una oreja cuando está vivo!”
Para cerrar esta nota, quisiera citar apartes de la carta de renuncia de Daniel García-Peña a su cargo de Director de Relaciones Internacionales de la alcaldía bogotana, debida a temas distintos al de la tauromaquia, valga aclarar. (www.eltiempo.com. “La carta de renuncia de Daniel García-Peña a Gustavo Petro”). 
“[…] En la política, las formas son de fondo. No basta con tener los principios correctos ni la razón científica. Un déspota de izquierda, por ser de izquierda, no deja de ser déspota. La democracia no es sólo un ideal sino que implica prácticas de respeto y solidaridad, especialmente cuando se trata del uso del poder […]. 
Espero que seas capaz de utilizar tu inteligencia para reflexionar sobre las consecuencias del uso del poder y que acudas a tu valentía para reconocer errores y tomar los correctivos correspondientes, por el bien tuyo y del proyecto progresista”. (Los subrayados son míos.)
Observando las actuaciones del protagonista de este comentario, mucho me temo que lo sugerido por García-Peña no ocurrirá jamás.



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